Agustina Bordigoni
De las 10.258 personas admitidas como refugiadas en los Estados Unidos durante los primeros diez meses del año fiscal 2026, casi la totalidad —10.255— llegó desde Sudáfrica, un país que poco aparecía entre las estadísticas hasta entonces. ¿Qué podría explicar ese cambio?: una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 que estableció que Estados Unidos debía priorizar el reasentamiento de afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses y alemanes que comenzaron a instalarse en Sudáfrica desde el siglo XVII y que representan alrededor del 7% de la población.
La orden de Trump sostenía que los afrikáners sufrían una situación de «discriminación racial patrocinada por el gobierno», y mencionaba entre otras cuestiones la expropiación de tierras pertenecientes a sudafricanos blancos.
El tema ya había adquirido notoriedad internacional antes de la orden. Elon Musk, nacido en Pretoria y aliado de Trump en ese momento, había denunciado públicamente una supuesta persecución contra los blancos en Sudáfrica y llegó a hablar de un «genocidio de blancos”.
Estas acusaciones fueron rechazadas de plano por el gobierno de Sudáfrica, que sostiene que no existe una persecución sistemática contra los afrikáners. De hecho, durante una reunión con su par estadounidense, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó que difícilmente tres de los hombres que los acompañaban (blancos y parte de su gabinete, entre ellos el ministro de Agricultura) estarían en ese lugar si realmente existiera en su país una persecución estatal hacia esa minoría. También cuestionó que la situación de los afrikáners alcanzara el umbral de persecución requerido por el derecho internacional para ser considerados refugiados.
Sudáfrica tiene una historia marcada por el apartheid y por una desigual distribución de la tierra y de la riqueza que todavía persiste. El gobierno de Ramaphosa sostiene que sus políticas de reforma agraria buscan corregir esas desigualdades históricas y niega que exista una campaña de persecución racial contra la población blanca. Reuters también documentó que las afirmaciones de Trump sobre un supuesto «genocidio blanco» no encuentran respaldo en las estadísticas nacionales de homicidios: en 2024, de los 26.232 asesinatos registrados en el país, 44 estuvieron vinculados a comunidades agrícolas y ocho de las víctimas eran agricultores.
Lo cierto es que la política de Trump produjo un cambio extraordinario en las estadísticas estadounidenses. Como se mencionó al comienzo, en 2026 solamente tres de las personas refugiadas admitidas provenían de Afganistán, mientras todo el resto era de Sudáfrica.
La caída general de las admisiones también se profundiza año a año: durante 2024 fueron aceptados 100.034 refugiados, 38.102 en 2025 y 10.258 durante los primeros diez meses de 2026. Para este último año fiscal, la administración de Trump fijó un límite de 17.500 admisiones, el más bajo en décadas.
Pero hay algo que las estadísticas no cuentan. Mucho antes de que los sudafricanos se convirtieran en la principal nacionalidad dentro del reducido sistema de reasentamiento estadounidense, hubo una pequeña ciudad del estado de Nueva York que había construido buena parte de su identidad alrededor de recibir refugiados de países como Sudán, Myanmar, Irak, Bosnia y Afganistán.
Esa ciudad es Utica. Y esa es la historia sobre la que se basa Utica: The Last Refuge.
El documental
El documental (2021) cuenta la vida en Utica, una ciudad con una historia de recepción de comunidades migrantes que resiste los embates del primer mandato de Trump: sus centros de acogida se organizan, se reconstruyen y la sociedad se levanta ante las restricciones que anticipaban en 2017 el endurecimiento de hoy.
Transcurre alrededor de tres grandes protagonistas: las personas refugiadas (principalmente la familia Azein, que llega desde Sudán y es recibida por otra persona refugiada que ahora se dedica al reasentamiento de otras en su misma situación), las que trabajan en el Centro de Recursos para Refugiados del Valle Mohawk (que no solamente hacen una tarea humanitaria, sino que se sostienen económicamente de ella) y la sociedad de Utica (que se organiza para que los servicios de reasentamiento se mantengan, que se levanta contra el discurso de Trump y sale a las calles, que contrata en sus empresas a personas refugiadas y que vio crecer gracias a ellas a una población que estaba reduciéndose).
Utica: The Last Refuge pone nombre a los trayectos y a los testimonios, y muestra de cerca las dificultades, las soluciones y a una comunidad dispuesta a desafiar las nuevas reglas de Trump. Una ciudad que en 2024 había reasentado a 200 personas refugiadas y hasta la que, en marzo de este año, habían llegado apenas 25: todas ellas de Sudáfrica.
