Agustina Bordigoni
Es sabido que la economía de los Estados Unidos –sobre todo de algunos sectores en particular, como el agrícola y el de cuidado– se sostiene en gran parte gracias al trabajo de las personas migrantes. También que los sistemas de control, detención y expulsión generan enormes gastos para los Estados. Entonces, se pregunta Tanya Golash-Boza, ¿qué sostiene la máquina de deportación en ese país?
En la conferencia La máquina de deportación: control migratorio, capitalismo racializado y resistencias en los Estados Unidos, Golash-Boza, doctora en Sociología por la Universidad de Carolina del Norte y profesora de Sociología en la Universidad de California, analizó punto por punto los motivos y los sectores que podrían beneficiarse de esta “máquina de deportaciones” que, aunque adquirió nuevas características con Donald Trump, tiene varias décadas de existencia.
La especialista exploró a lo largo de la charla (organizada por el Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias del Instituto Gino Germani) el concepto de deportabilidad: “la posibilidad de ser deportado, detenido y expulsado” y cómo esto influye en las decisiones cotidianas de las personas migrantes. “Puede hacer más costoso cambiar de empleo, denunciar un abuso o participar en un sindicato”, explicó. Lo más importante es que sus efectos «alcanzan a personas que nunca serán deportadas”.
Por sí mismo, entonces, el número de expulsiones no describe el alcance del sistema. El temor a ser deportado condiciona las formas en las cuales las sociedades viven y trabajan, puntualizó. “La deportabilidad distribuye inseguridad dentro del mercado laboral. Unos trabajadores pueden reclamar o abandonar un empleo con mayor protección; otros deben considerar si hacerlo puede poner en riesgo su permanencia y la de su familia. Así, la política migratoria interviene en una relación que suele presentarse como un acuerdo privado entre empleador y trabajador”. Pero es el Estado, a través de su política migratoria, el que contribuye a definir cuánto puede negociar cada parte.
“La vulnerabilidad jurídica puede convertirse en una ventaja económica para otros”. Por eso, subrayó, “una persona puede ser indispensable en el lugar de trabajo y tener pocas posibilidades de influir en las decisiones que afectan su vida”.
Durante la videoconferencia, Golash-Boza identificó los principales cambios en la máquina de deportación estadounidense. “Los Estados Unidos han deportado personas desde finales del siglo XIX, pero la capacidad de deportar ha cambiado bastante en las últimas décadas del siglo XX”.
Identificó dos momentos decisivos en esta modificación: un cambio legislativo que amplió las causas de deportación y limitó las posibilidades de apelarlas en 1996; y los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el gobierno reorganizó el control migratorio bajo una lógica de seguridad nacional.
Esa máquina continuó vigente durante los gobiernos de ambos partidos. “Durante la presidencia de Obama las deportaciones alcanzaron niveles muy altos y durante el primer gobierno de Trump continuaron con variaciones: las cifras bajaron en pandemia y luego volvieron a subir”. Pese a las diferencias entre gobiernos, la política de deportaciones se mantuvo, aseguró.
“En 2025 se amplió el control y cambió la presencia en la vida urbana. Las operaciones se hicieron más visibles y alcanzaron lugares donde las personas trabajan, compran y viven”, aclaró.
Capitalismo racializado y género
La organización económica sobre la que se aplican estas políticas está atravesada por jerarquías raciales y divisiones de género de las que se extraen ganancias, analizó la socióloga.
“¿Quién realiza el trabajo, quién recibe los beneficios y quién absorbe los costos del mercado laboral? Mi aporte aquí consiste en hablar de las deportaciones dentro de esas relaciones”.
El estatus migratorio, continuó, “participa en la distribución de seguridad, movilidad y poder de negociación. Los mercados laborales clasifican a las personas: determinados empleos se asocian con ciertos orígenes nacionales” y esa clasificación influye en las condiciones bajo las que se realizan esas tareas y en los salarios que reciben quienes las desempeñan.
La distribución de la vulnerabilidad
En uno de los apartados de la presentación la especialista abordó específicamente el punto de a quiénes se aplica con mayor intensidad este control. “La deportación tiene género: ha sido concentrada mayormente en los hombres”, señaló. Ese patrón se explica en parte por los espacios en donde ocurre la vigilancia y por los contactos con la policía.
En 2023, por ejemplo, el 85% de los deportados eran hombres. La deportación también está marcada por el origen nacional: casi la totalidad provenía de países de América Latina y el Caribe.
“Para sostener esa decisión también se necesita legitimidad. Los discursos sobre delincuencia, amenaza y pertenencia ayudan a producir esta legitimidad. Cuando los hombres latinoamericanos aparecen de manera repetida como peligrosos o ajenos a la nación, la expulsión parece una respuesta evidente”.
Los principales beneficiarios del sistema
Como se mencionó más arriba, los empleadores pueden verse favorecidos por un control migratorio en el que a los trabajadores les sea más complicado cambiar de trabajo o reclamar por sus derechos.
Además de este sector, la disertante reconoció a estos otros actores:
-Políticos: en tanto la inmigración puede convertirse en un recurso para movilizar apoyos. Su presentación como una amenaza termina proyectando la imagen de que la dureza es equivalente a la capacidad de gobernar. “Esto no es propio de un partido: Clinton firmó las leyes de deportación de 1996 y bajo Obama vimos las tasas de deportación más grandes que habíamos visto en la historia del país. Trump convirtió la deportación masiva en un eje de su campaña”.
-Medios de comunicación: “los relatos de crisis migratoria atraen atención. Las redadas, las escenas de frontera y los enfrentamientos ofrecen imágenes dramáticas. El problema no es solamente cuántas personas ven una noticia: también importa qué explicación se ofrece, a quién se permite hablar y qué respuestas hacen parecer razonables”.
Así, “una cobertura centrada en amenaza y desorden puede hacer que el control parezca urgente”. La asociación entre migración y delincuencia no se ve reflejada en las estadísticas, explicó la investigadora, y las redadas “pueden funcionar como un espectáculo de control”. La presencia de agentes y vehículos “produce imágenes que circulan mucho más allá del lugar de la operación. Para algunas audiencias eso comunica un gobierno activo; para otras, representa la posibilidad de ser detenidas y esto tiene consecuencias en la vida cotidiana”.
-Las empresas de control y vigilancia: el control migratorio crea un mercado en el cual compañías privadas reciben pagos por actividades que el Estado decide financiar. Estas empresas administran centros de detención, proveen sensores, bases de datos y todo lo necesario para este tipo de operativos. Tanya Golash-Boza llama a esto “complejo industrial migratorio”.
Durante la conversación relató una historia que permite comprender el funcionamiento de la máquina de deportación y la manera en que el control fronterizo puede reorganizar las relaciones laborales
“Conocí a un hombre que se llama Eric, de Guatemala, en el centro de recepción de personas deportadas del aeropuerto.
Eric llegó a los Estados Unidos a los 11 años con una visa temporal. Creció en Los Ángeles y su madre trabajaba en una fábrica de ropa. Pero cuando un día ella se lesionó y no pudo seguir trabajando, él abandonó la secundaria y consiguió dos empleos para sostener a la familia. Más adelante se casó, su esposa quedó embarazada, pero un día la policía lo detuvo mientras llevaba a un amigo en su vehículo. Arrestaron a Eric como posible cómplice de un robo de autos. Después retiraron los cargos, pero sus huellas ya habían ingresado en la base de datos migratoria. Eric pasó a custodia migratoria y fue deportado.
Cuando volví a ver a Eric unos meses después, él estaba trabajando en un centro de llamadas en la ciudad de Guatemala. Atendía a clientes de EE.UU. y ganaba 400 dólares mensuales, que es mucho menos de lo que ganaría con el mismo trabajo en EE.UU.
Su inglés, su educación y su conocimiento de la cultura y sociedad estadounidense tenían valor para la empresa.
La deportación había cambiado dónde podría vender ese trabajo y bajo qué condiciones”.
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