Aldea Global
El informe “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: adaptaciones en un contexto de incertidumbre”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluye que, si bien los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe volverían a alcanzar un máximo histórico de US$174.400 millones, el crecimiento se da a un ritmo cada vez menor.
La situación no solamente responde a factores económicos: la incertidumbre, las restricciones migratorias y el aumento del empleo informal impactan en la capacidad de enviar dinero.
Aunque Argentina no es un país históricamente caracterizado por ser receptor de remesas, el documento destaca un fenómeno particular: aumentaron las remesas enviadas desde Argentina hacia países limítrofes y a Venezuela, aun en un contexto de caída del poder adquisitivo local.
Al mismo tiempo, crece el número de familias migrantes en Argentina que empiezan a recibir apoyo económico desde sus países de origen, un comportamiento nuevo frente al deterioro económico interno.
La Argentina aparece en el informe como un país donde las remesas no son masivas, pero sí socialmente decisivas para determinados grupos, sobre todo en un contexto de “inflación persistente, pérdida de ingresos y precarización laboral”.
Las características del mundo de las remesas hoy:
El informe destaca tres puntos clave:
1. Más envíos pequeños y frecuentes: las familias que dependen de remesas ya no reciben montos grandes: llegan envíos más chicos, más seguidos y ajustados a la inflación del país receptor.
2. Digitalización: las apps de envío ganan terreno. Permiten evitar comisiones altas y sortear restricciones cambiarias.
3. Aumento de la informalidad en los canales de envío. El uso de mecanismos alternativos o informales crece donde hay brechas cambiarias amplias o falta de acceso a servicios.
A nivel regional, el informe expone un dato estructural: las remesas no solo funcionan como ingreso familiar, sino como amortiguador frente a crisis económicas, desastres naturales, violencia o desplazamientos forzados.
En países como México, Guatemala, Honduras o República Dominicana, equivalen a entre 10% y 30% del PBI. En Venezuela y Haití cumplen un rol humanitario directo. En Sudamérica su peso es menor en términos macroeconómicos, pero decisivo en términos comunitarios.
