Aldea Global
Hace una década, el porcentaje de la población mundial que había migrado (y atravesado fronteras internacionales) era el 3,3%. El último dato registrado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es de 3,7%.
Desde 1990 este porcentaje se mantuvo sin mayores variaciones: es verdad que el número de personas forzadas a migrar aumentó, pero también se incrementó la población mundial. En esa década el total de migrantes representaba el 2,9% del total.
La Estrategia de Seguridad Nacional presentada el 5 de diciembre por la administración de Donald Trump para los Estados Unidos, afirma que, a partir de ahora, “la era de la migración masiva ha terminado”.
“En países de todo el mundo la migración masiva ha incrementado la violencia y otros delitos, debilitado la cohesión social, distorsionado los mercados laborales y socavado la seguridad nacional”, señala –sin una sola estadística– el documento. Las personas migrantes aparecen como una amenaza y a la altura de delitos graves (como si migrar también lo fuera). “La seguridad fronteriza es el componente principal de la seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro país de una invasión, no solo de la migración sin control, sino también de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”.
“Queremos un mundo en el cual la migración no sea simplemente ‘ordenada’, sino uno en el que los países trabajen juntos para detener, en lugar de facilitar, los flujos poblacionales desestabilizadores, y tengan control pleno sobre a quién admiten y a quién no”. La idea de que la migración sea “ordenada” no es nueva. El Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por 152 países en 2018, no contó con la participación de Estados Unidos que, en 2017 –también bajo la administración del actual presidente– se retiró de las negociaciones. En ese momento desde el gobierno manifestaron que el documento previo (la Declaración de Nueva York) contenía “numerosas disposiciones que son incompatibles con las políticas de inmigración y refugiados de EE.UU. y con los principios migratorios de la Administración Trump”.
La embajadora Nikki Haley compartió la decisión y expresó en su cuenta de Twitter (hoy X): “Estados Unidos está orgulloso de su herencia inmigrante y de su histórico liderazgo moral al brindar apoyo a poblaciones migrantes y refugiadas en todo el mundo… Pero nuestras decisiones sobre políticas de inmigración deben ser siempre tomadas por estadounidenses, y solo por estadounidenses”.
La política migratoria de la segunda gestión de Trump es, en verdad, una continuidad.
Podría decirse que se trata de una continuidad cada vez más cruda e inhumana, pero sin olvidar que fue durante su primera presidencia que miles de niños y niñas fueron apartados de sus familias en las fronteras, retenidos ilegalmente en diferentes centros de detención y que, según la ONG Human Rights Watch, más de 1.300 siguen –hasta ahora– separados de sus padres.
Probablemente, ni la era de la migración masiva –que nunca empezó– ni la era de la crueldad y la “tolerancia cero” como norma, hayan terminado.
