Aldea Global
El 27 de marzo de 2023 40 personas murieron y 27 resultaron heridas después de un incendio desatado en un centro en el que, de manera irregular, se encontraban detenidas personas migrantes en Ciudad Juárez, México.
La mayoría eran migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, que se encontraban bajo custodia en condiciones de hacinamiento y sin protocolos claros de seguridad.
Las investigaciones señalaron que el fuego se originó tras una protesta de algunos detenidos, preocupados por una inminente deportación. Pero lo que convirtió el siniestro en tragedia fue la reacción institucional: los guardias no abrieron las rejas y los protocolos de emergencia fallaron. Las víctimas quedaron atrapadas. Las cámaras de seguridad registraron, con crudeza, el pedido de quienes veían avanzar las llamas tras las rejas.
El caso provocó indignación internacional y cuestionamientos a la política migratoria mexicana. Dos años después Francisco Garduño Yañez, que en ese entonces era responsable del Instituto Nacional de Migración, deberá dar una disculpa pública a las víctimas que se salvaron del incendio y los familiares de quienes no lograron escapar. Así lo determina una resolución judicial.
El acto está previsto para el 26 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México
La disculpa es parte de una resolución judicial en el proceso penal Nº 237/2023, y constituye un paso en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en una de las tragedias más graves de los últimos años en materia migratoria.
Aunque simbólica, es vista como un reconocimiento tardío de las omisiones estatales: el incendio de Ciudad Juárez recuerda las consecuencias humanas de un sistema que trata a la migración como un asunto de seguridad y no de derechos.
La disculpa pública es una de las llamadas medidas de satisfacción en materia de derechos humanos. Su función es restablecer la dignidad de las víctimas y reconocer oficialmente que hubo una falla grave del Estado.
En la práctica, también implica que el excomisionado acepta —al menos en el marco judicial— que hubo omisiones y que el Estado mexicano es responsable.
