Aldea Global
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional señalando que líderes políticos europeos y libios cometieron, con sus políticas migratorias, crímenes de lesa humanidad.
La intercepción de población migrante en el Mediterráneo central, su retorno y detención sistemática en Libia constituyen un delito. “No son operaciones de ´rescate marítimo´ sino crímenes de lesa humanidad en la forma de privación grave de libertad física (artículo 7 del Estatuto de Roma) cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra migrantes y refugiados en Libia”.
El documento detalla 12 incidentes como ejemplo de intercepción de migrantes y refugiados en el mar, su retorno y posterior detención en Libia, ocurridos entre 2018 y 2021 y en los que se evidencia la cooperación directa entre agencias europeas como Frontex y la Guardia Costera Libia. Entre los acusados se encuentran cientos de políticos y altos funcionarios de Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Italia y Malta, así como representantes de agencias de la UE.
Los 12 casos estudiados
- Intercepción en altamar de embarcaciones de migrantes, desviadas hacia puertos libios en lugar de a destinos seguros en Europa.
- Detención inmediata en centros de Libia con condiciones inhumanas, maltrato y violencia sistemática.
- Operaciones coordinadas entre Guardia Costera Libia y agencias de la UE, proporcionando información sobre ubicación de embarcaciones en peligro.
- Negación de desembarco seguro en territorio europeo a personas rescatadas por ONG civiles.
- Uso de centros de detención improvisados para mantener a migrantes bajo condiciones precarias y sobrepobladas.
- Retorno forzado de embarcaciones interceptadas sin evaluación de riesgo ni posibilidad de solicitar asilo.
- Participación de funcionarios de alto rango europeos en la planificación y supervisión de estas operaciones.
- Colaboración entre Estados miembros para impedir la intervención de barcos civiles de rescate.
- Casos de migrantes detenidos que sufrieron tortura, explotación o violencia sexual.
- Coordinación operativa directa en incidentes específicos entre Frontex, EUNAVFOR MED y la Guardia Costera Libia.
- Rechazo sistemático de ONG de rescate marítimo a desembarcar migrantes en Europa, incluso en situaciones de emergencia.
- Patrón constante de devoluciones a Libia como política intencionada de contención de migrantes.
El estudio de estos casos fue posible por la colaboración con otras organizaciones como Watch the Med – Alarm Phone, Open Arms, Border Forensics, Frag den Staat, Human Rights Watch y varios periodistas de investigación, que contribuyeron con información crucial sobre la colaboración entre actores libios y funcionarios de la UE y los Estados miembros.
Lo que sucede en el Mediterráneo
El informe que acompaña la denuncia también ofrece datos de contexto. Como por ejemplo que desde 2014 más de 20.000 personas migrantes y refugiadas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo.
“Desde principios de los 2000 la UE y ciertos Estados miembros han implementado políticas de gestión migratoria para ´combatir la migración ilegal´ hacia Europa. Esto incluyó políticas de cooperación con autoridades y entidades libias para detener el flujo creciente de migrantes desde Libia hacia Europa”.
El documento destaca tres etapas de esta política migratoria: una antes de 2011, antes del levantamiento en Libia, cuando agencias de la UE y Estados miembros como Italia interactuaban directamente con el régimen de Gaddafi para gestionar los flujos migratorios hacia Europa. Un segundo momento entre 2011 y 2015 cuando “dada la situación interna volátil y la falta de gobierno unificado la cooperación directa fue difícil” y en la que los esfuerzos se destinaron a controlar la migración antes y después de que las personas entraran a Libia. Y una tercera etapa, a partir de 2016, cuando la UE y sus Estados miembros aumentaron significativamente su apoyo material, de capacidad y operativo a actores libios, como la Guardia Costera Libia para “contener migrantes y refugiados, incluyendo intercepciones en el mar y retorno a Libia”.
Esto ha llevado a disminuir la participación directa en rescates en el Mediterráneo “y a implementar medidas para disuadir a organizaciones civiles y barcos comerciales de desembarcar migrantes y refugiados en Europa”.
A esto se le llama externalización de las fronteras: el control es desplazado hacia terceros países –generalmente de paso o fronterizos desde el que parten muchas personas– para evitar la llegada de migrantes y refugiados a los territorios. En este caso, a Europa.
Por eso, entre las exigencias de la denuncia presentada por ECCHR está la de cesar inmediatamente con la externalización de las fronteras mediante la contención de migrantes en Libia, además de la realización de una investigación exhaustiva de estos crímenes y la implementación de operaciones de rescate civil conforme al respeto por los derechos humanos.