Por Agustina Bordigoni
Más de 80 mil personas fueron detenidas desde la puesta en marcha del régimen de excepción –que ya lleva más de dos años en El Salvador– y que muestra como uno de sus logros principales el bajar los índices de criminalidad en el país. Pero los desplazamientos internos crecieron un 78% en un año, y la principal causa de la inseguridad ahora no son las pandillas, sino las mismas fuerzas de seguridad del país.
Según el último informe de la Asociación de Derechos Humanos «Dra. María Julia Hernández» y el Comité de familias de migrantes fallecidos y desaparecidos en El Salvador, los factores económicos (fundamentalmente el aumento del costo de vida y el atraso de los salarios), la inseguridad y la reunificación familiar son las principales causas de la emigración de salvadoreños.
El boletín cita además un documento del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el que se advierte que los desplazamientos forzados al interior del país aumentaron un 78%. Ahora, la principal causa de la inseguridad no es, como antes, la violencia ejercida por las pandillas. “El principal agresor señalado es la Policía Nacional Civil, con el 72.8%; seguido por grupos de pandillas, con el 15.2%; miembros de la Fuerza Armada, con el 3.3%; y otros agentes estatales, con el 8.7%”.
El estudio de la UCA señala que los principales actos están relacionados con las amenazas, la violencia contra la mujer, tentativas de homicidio, extorsión y abuso de autoridad. La mayoría de las víctimas son mujeres (61%).
“Pese a la reducción de los niveles epidémicos de la violencia homicida, el derecho a la vida sigue en grave peligro ahora como resultado de la acción estatal”, afirman.
Las organizaciones concluyen en que el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, convirtió al Estado en la principal causa de desplazamiento. “Mantiene en vilo a las familias de las personas detenidas”, que no tienen información sobre el paradero de la persona privada de libertad y su estado de salud o sobre sus posibles traslados, lo que “deja abierta la posibilidad de existencia de casos de desaparición forzada a corto, mediano y largo plazo”, denunciaron.
El régimen de excepción y la guerra contra las pandillas
El país está en régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana en el que los crímenes cometidos por las pandillas se incrementaron considerablemente: mientras el promedio era de 3 asesinatos diarios, el sábado 26 de marzo escalaron a 62. La medida del gobierno, implementada al día siguiente, incluye la suspensión del derecho a la legítima defensa, la facultad de las autoridades para intervenir teléfonos y correspondencia, y la ampliación del plazo de prisión preventiva de 72 horas a 15 días. El 5 de abril siguiente las modificaciones a la ley de Proscripción de las pandillas agregaron la posibilidad de detener a menores a partir de los 12 años (entre 10 a 15 años de prisión), la prohibición de hacer grafitis vinculados a las maras y las restricciones a la prensa. Esto último implica que los periodistas no pueden recurrir a algunas de sus fuentes más importantes (como las pandillas) para contar, por ejemplo, lo que sucedió ese 26 de marzo.
El gobierno de Bukele también modificó el Código Penal y una serie de leyes, que derivaron en la prohibición de la reproducción de mensajes que -se presuma- provengan de grupos criminales. En ese momento el argumento era que esos mensajes podían «generar zozobra y pánico en la población». En la práctica, quien no cumpla con las normativas puede enfrentar entre 10 a 15 años de prisión. Es decir, un periodista puede tener una pena mayor que la de un violador (de 6 a 11 años en este último caso) por difundir mensajes que, el gobierno entienda, generen «zozobra».
La redacción de la modificación del Código Penal y de la ley de Proscripción de las pandillas -en donde se encuentran estas nuevas reglamentaciones- es tan ambigua que deja lugar a la libre interpretación por parte de las autoridades encargadas de hacerlas cumplir.
El papel de los medios y la censura
El medio independiente “El Faro” reveló, en una serie de investigaciones, que la disminución en los asesinatos que consiguió Bukele en los últimos años se explica por pactos entre el Gobierno y las pandillas, y que los crímenes cometidos en marzo de 2022 fueron producto de una falla en esas negociaciones. Para fundamentar tales denuncias accedieron a la información de entradas y salidas de los penales, documentos oficiales, y a las cámaras de seguridad que registraron las reuniones entre funcionarios y líderes de los grupos criminales.
Esas primeras reuniones, según “El Faro”, habrían ocurrido entre junio de 2019 y agosto de 2020: “los representantes del Ejecutivo y la MS-13 han negociado la reducción de homicidios, beneficios carcelarios y promesas de largo plazo vinculadas al resultado de las elecciones legislativas de 2021”, puede leerse en la nota del medio, en la que además hay copias de la documentación que prueba la existencia de esos encuentros.
La nueva estrategia aplicada por el Gobierno desde 2022 habilitó las detenciones arbitrarias y convirtió a las fuerzas de seguridad en el principal temor de la población.
El régimen de excepción -prorrogado desde 2022- dejó de ser excepcional: es la regla que dirige el combate contra el crimen organizado en el país.
